Este trabajo no pretende abarcar la totalidad de los elementos que componen el diseño de una política pública para el diálogo, que necesitamos como hilo unificador de todos los sectores y niveles del Estado, se trata simplemente de un ejercicio que ayude a iniciar el debate a fin de construir las líneas básicas de una política nacional para reforzar los mecanismos de diálogo para la gobernanza y encaminar nuestro desarrollo con igualdad y sostenibilidad.

Este artículo parte de un breve análisis de la conflictividad como la expresión más visible de la necesidad de generar encuentros y realizar esfuerzos para el cierre de brechas en el país.

Según información de la Secretaria de Gestión Social y Dialogo (SGSD) de PCM, para el mes de agosto de 2019, se tiene un registro de 145 conflictos sociales activos más 07 casos (1.5%) identificados como situaciones sensibles al conflicto .

La agenda que nos platean los conflictos sociales hoy, tienen que ver con aspectos relacionados fundamentalmente con los impactos de las actividades extractivas, en la vida de la gente: así se tiene un 29.26% para la problemática minera (grande y pequeña minería); un 8.73% para la problemática de los hidrocarburos, 4.15% para la minería ilegal e informal, 4.8% para los problemas de origen hídrico; 4.15% para los temas agrarios; 3.39 para la problemática demarcatoria; un 2.84% para los temas de infraestructura; 5.46% para la problemática energética; como las más destacables. Mención aparte requiere la problemática laboral que representa un 6.55% del total de casos que atiende la SGSD de PCM.

Para saber cómo ha sido y es la respuesta a esta agenda, es necesario tener información exacta sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo tanto por el Estado como por las empresas, esfuerzo en el que se encuentra el VMGT y la SGSD de PCM. Con esta información de seguimiento permanente, se podrá validar o reforzar los compromisos así como mejorar su planteamiento y si es necesario, adaptar los mecanismos de gestión a los requerimientos

institucionales, con conocimiento y participación de los interesados.

Igualmente, es necesario desarrollar capacidades y mecanismos para que los gobiernos locales y regionales jueguen un papel articulador en la prevención y atención temprana de los conflictos sociales.

ALGUNOS TEMAS

a. Se debe partir por considerar al diálogo como pieza fundamental para la construcción y atención de las agendas regionales y nacionales, en los diferentes sectores y niveles del Estado.

b. Se debe dar especial atención a las Agencias Regionales de Desarrollo, de reciente creación, como un espacio para la generación de consensos a nivel de los territorios en torno a sus demandas o aspiraciones para la construcción de una agenda de desarrollo compartida.

c. Será de vital importancia la incorporación de la SGSD de la PCM, en estos espacios a nivel local, regional y nacional, por tener un fuerte componente preventivo.

d. Como fruto de los espacios regionales que se abrirán con las Agencias Regionales de Desarrollo, se debe complementar su efectividad con la generación de mecanismos legales para incorporar las agendas de desarrollo que ahí se generen, en los planes y presupuestos regionales y locales, así como en el Presupuesto General de la República.

e. Los gobiernos regionales y municipales deben tener como una de sus funciones, el recojo y la incorporación en sus presupuestos regionales, de los compromisos asumidos por ellos en las mesas de diálogo que tengan lugar en su colectividad como consecuencia de un conflicto social.

f. Los GORE-Ejecutivo y Muni-Ejecutivo, deben constituirse en el espacio para el impulso de las agendas de desarrollo previamente acordadas en los espacios que se abrirán con las Agencias Regionales de Desarrollo.

g. Es necesario entender los procesos de diálogo y los GORE-Ejecutivo y MUNI-Ejecutivo, como parte de un mismo proceso de acercamiento del Estado hacia la población, en el marco del cumplimiento de compromisos y aspiraciones locales y regionales.

h. Otro problema es la ausencia de mecanismos formales para la exigibilidad de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo. Al no haber mecanismos para su exigibilidad y cumplimiento, se deja abierto el camino para la realización de acciones de presión como paros, bloqueo de carreteras, etc., como único mecanismo para su concreción, la publicidad de los compromisos, podría ser de utilidad para la generación de un seguimiento más activo.

i. Es necesario crear mecanismos que permitan arribar a acuerdos factibles de ser incorporados en los presupuestos de los tres niveles del Estado, para asegurar su cumplimiento. Para ello debe existir un trabajo coordinado con la Secretaría de Descentralización, antes de la intervención del Estado en un conflicto social.

Según el último sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, un 39% de la población de Lima y otras ciudades del país, coincide en que la lucha contra la corrupción, debe seguir estando entre las prioridades del Gobierno y claro, del futuro Congreso.

Esto es de resaltar porque la corrupción es la causa principal de la filtración de los dineros del erario nacional que de haber sido utilizado para el beneficio de todos los peruanos, habríamos superado varios de los aspectos que hoy se presentan como conflictivos. La agenda nacional debe seguir encabezada por la lucha contra la corrupción